Osvaldo Fernández, abogado de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, en diálogo con Elonce TV, entendió que tras el fallo, que “se esperaba que pudiera solucionar el conflicto, la consecuencia es que no lo soluciona y la lucha continúa”.

Para el letrado, ahora “se evaluará la modalidad, la estrategia de la lucha. Todas las opciones están abiertas y el debate va a ser amplio”.

La Corte de la Haya reconoció que hubo “violación del Estatuto”, y la pastera, de todas maneras se instaló, por lo que “aparece una grave contradicción, está diciendo que hay violación en normas procesales, lo que determina que la autorización y la instalación fue otorgada por el Uruguay en contraposición a lo que el estatuto establece, de modo tal que Botnia, es ilegal”, consideró Fernández.

Este miércoles, en la habitual asamblea de los miércoles, se dará “un informe completo de los alcances del fallo, desde el punto de vista técnico”, en tanto, el 25 de abril, “realizaremos la sexta marcha en el Puente Internacional, reclamando que Botnia se vaya de la cuenca del Río Uruguay”. En tanto, para la semana próxima “se realizará una asamblea ampliada, donde convocamos a toda la comunidad, para evaluar cómo sigue esta lucha, bajo que modalidades, y estratégicamente, definir los cursos de acción”.

En cuánto a la reacción del Estado provincial y nacional, “tanto uno como actor, y el otro como demandado, deben acatar el fallo”. Esto significa, según apuntó el letrado, “Argentina y Uruguay tienen deberes a futuro, en el marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay, a los que le han asignado competencias específicas. Debe establecer el Estado cómo va a implementar esas acciones que le son propias, que le demanda deberes de prevención y precaución, la realización de estudios de impacto ambiental, la determinación de un seguimiento y control, de los fluidos y deshechos que vierte día a día, Botnia, al medio acuático del río Uruguay” y agregó que “allí está centrada la responsabilidad de los Estados”.

En tanto, “a nosotros como ciudadanos o como integrantes de los pueblos, tenemos la posibilidad de acudir a otros instrumentos, ya sea que en el futuro podamos implementar algún tipo de acción judicial en los tribunales europeos, o que, a partir de la recolección de nuevas pruebas, el Estado argentino sea el que intente una nueva demanda ante los tribunales de la Haya”, manifestó Fernández. El Once Digital.